Y SIGUEN DESCRUBIENDOSE MAS CASOS DE CORRUPCIÓN

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 LAS ESCUCHAS TELEFONICAS DEL CASO RABASA

 

La jefa de Urbanismo de Alicante ofreció un negocio a Ortiz de 7,5 millones con su marido

'Vendió' al promotor 'pagarés de una firma importante' con un 15% de beneficio

La conversación se produjo cuatro meses después de aprobar Rabasa en el pleno

La jefa de urbanismo d Alicante ofreció un negocio a Ortiz de 7,5 millones con su marido.

 

Ya en octubre de 2008 el empresario Enrique Ortiz tenía mucha prisa para que el Ayuntamiento de Alicante le aprobase el proyecto que permitiría encajar la tienda de Ikea en Alicante, el Plan Rabasa. La preocupación del promotor era doble. Por un lado, ya había cobrado parte del dinero (66,9 millones) para que la firma del mueble se instalase en el suelo de su plan urbanístico. Como reveló EL MUNDO, Ortiz intentó negociar -sin éxito- con una abogada de Ikea limitar las penalizaciones que tendría en caso de que el proyecto se retrasase.

La jefa de servicio de Urbanismo en Alicante en el año 2009, actual jefa de Servicios Jurídicos en Urbanismo,  Isabel Campos, pudo llevarse algo más que un bolso tras sus gestiones con el principal promotor de la ciudad, Enrique Ortiz, para desbloquear el Plan Rabasa

. Según las conversaciones intervenidas por la Policía, Campos ofreció directamente al promotor un negocio con su marido. La fecha es el 31 de marzo de 2009, casi cuatro meses después de que el pleno aprobase el macroproyecto urbanístico del empresario (el 5 de diciembre de 2008), y tras la batería de llamadas en las que la técnico se compromete hacer las gestiones que sean necesarias para desbloquearlo («Está todo controlado», le llega a decir). Campos se pone en contacto directamente con Ortiz para proponerle «un negoci».

La conversación, que se puede leer íntegra en el recuadro gris de la derecha, es tremendamente explícita: Campos explica al constructor que su marido tiene pagarés de una firma «muy importante» por 7,5 millones de euros, comisiones incluidas. Ofrecen «un 15% de beneficio» pero le advierte de que el riesgo tendrá que valorarlo él.

 

Ortiz replica que todo depende de qué empresa sea, a lo que ella responde que es «muy importante» y da por seguro que el empresario la conoce «de sobra». También le deja claro que no es una empresa de «la construcción», a lo que el jefe de Brugal contesta que quizá le interese. «Y si no me puede interesar a mí te puedo... Le puedo hacer a tu marido un favor para que lo solucione», agrega solícito Ortiz.

 

Sin embargo, queda claro que Campos no se fía de tener esta conversación por teléfono. La jefa de servicio se niega a decir de qué empresa se trata, pese que es «fundamental» para que el constructor se decida. Finalmente quedan en que Ortiz hable con su marido, pero en persona. ¿Mañana vas a estar por Alicante?, pregunta Campos. «Sí, porque digo que... Tú quieres que me lo cuente pero no por teléfono, ¿no?», interviene el empresario. «Claro», contesta. «Pues por eso. Le das mi teléfono, me llama y se acerca», zanja Ortiz.

 

Según la Policía, Campos era una figura clave en el organigrama del departamento de Urbanismo y persona de total confianza de la alcaldesa, Sonia Castedo. De hecho, ha llegado a ser jefa de la legalidad urbanística en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana pese a ser una trabajadora interina.

 

Tanto Castedo como Campos están imputadas en el caso Brugal por un presunto amaño del Plan General de la ciudad a favor de Ortiz, principal contratista del Ayuntamiento y mayor dueño de suelo urbanizable de Alicante. Los investigadores sospechan que Campos ayudo especialmente a Ortiz con la tramitación del Plan Rabasa, el proyecto urbanístico con 13.500 viviendas donde además iba a encajarse la tienda de Ikea en la ciudad.

 

El periódico El Mundo publicó ayer las conversaciones más comprometidas de esta época (entre octubre y diciembre de 2008, justo después de heredar Castedo la Alcaldía de Alicante), y donde queda patente el nerviosismo del promotor por aprobar el Plan Rabasa cuanto antes. Ortiz teme que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana decrete la suspensión cautelar del proyecto urbanístico, lo que le podía acarrear penalizaciones económicas porque ya había cobrado una parte del dinero por la llegada de Ikea a estos terrenos (66,9 millones de euros).

 

En los pinchazos telefónicos Campos llega a asegurar al constructor que «todo está controlado», que la técnico que tiene que supervisar los cambios es amiga suya y que, además, «el informe» que va desbloquear el Plan Rabasa «lo voy a hacer yo y lo firma ella». También le dice que la alcaldesa no va a tener ningún problema en convocar un pleno extraordinario para que se apruebe