6 de junio de 2013



La división de poderes naufraga en España

 

España es incapaz de atajar la corrupción que desangra su economía y eleva el desempleo a ejemplo mundial de incompetencia y latrocinio. Y la raíz del problema es clara: no existe división de poderes, por lo tanto los jueces no pueden perseguir a los corruptos. Los pocos magistrados que se atreven a levantar la voz para impartir justicia son perseguidos, difamados y expulsados por la propia “casta” política a quien pretende fiscalizar.

El Gobierno ordena a Hacienda que no colabore con el juez Castro para investigar fiscalmente a la infanta Cristina, los partidos eligen a los dos jueces más políticos para el Tribunal Constitucional: Enrique López (PP) y Conde Pumpido (PSOE), el juez Ruz expulsa al PP del “caso Bárcenas” porque hacía de “caballo de Troya” del ex tesorero y a Elpidio Silva, el juez que se ha atrevido a encarcelar por dos veces al banquero Miguel Blesa, le van a quitar el caso y le amenazan con expulsarlo de la carrera. ¿Se puede acabar con la corrupción sin división de poderes en España? 

El juez Marino Barbero, en los años ochenta, sufrió una campaña política y mediática por su investigación sobre Filesa, el caso de financiación ilegal del PSOE similar al que hoy azota al PP con el “caso Bárcenas”. De aquel linchamiento socialista, del que la ciudadanía hizo oídos sordos, vienen estos lodos: al menos tres políticos socialistas (Alfonso Guerra, Rodríguez Ibarra y Tomás de la Quadra) arremetieron contra el juez Barbero y apenas nadie salió en su defensa.

Hoy ocurre lo mismo con la jueza Mercedes Alaya, que investiga el “caso de los ERE” en Andalucía, otra vez con los mismos personajes (la política apenas se renueva). Hasta una relación sentimental le afearon. Ahora existen unos pocos jueces en España que se atreven a desafiar al régimen para impartir justicia y en un alarde de sinceridad y osadía desvelan la corrupción e ineptitud de la clase dirigente. Manuel Otero Fernández, juez de Córdoba, comparó en una sentencia a los políticos con los burros porque “obligación de los burros (entiéndase con todos los respetos para con los equinos), en este caso los políticos todos, hubiera sido cumplir lo pactado”. El juez Santiago Pedraz también aludió, cuando puso en libertad a los líderes del movimiento 25-S “Rodea el Congreso”, que esta era una simple protesta amparándose en la libertad de expresión frente a “la convenida decadencia de la denominada clase política”. Sufrió ataques de numerosos políticos por su sinceridad.
 
Un espía en el congreso