FINANCIACION IRREGULAR DE LOS PARTIDOS POLITICOS
1.- Pallerols
2.- Matas3.- La Caixa
4.- Filesa
5.- Naseiro
6.- Tragaperras
7.- Casinos
8.- Flick
9.- Zamora
10.- Caja de Ronda
11.- Cuiña
12.- Ferraz
13.- Sellberg
Si queréis podéis leer un resumen te todos
estos casos.
1.- Pallerols
El llamado "caso Pallerols", referente a la financiación ilegal de Unió Democrática de Catalunya (UDC), salió a la luz a finales de la década de los noventa, durante los últimos años del Gobierno de Jordi Pujol. El juicio se ha evitado ahora, esta misma semana, tras un acuerdo entre las partes, según el cual los acusados y UDC se comprometen a devolver 388.000 euros de subvenciones públicas que fueron desviados por la trama del caso.
2.- Matas
El pasado mes de noviembre, el juez que instruye el "caso Over Marketing", José Castro, imputo al expresidente del Gobierno balear Jaume Matas en la causa que investiga la presunta financiación ilegal del PP en las islas. También fueron imputados el exdelegado del Gobierno central en Baleares y exconsejero de Interior, José María Rodríguez, y el cuñado de Matas y extesorero del PP balear, Fernando Areal. En este caso se investigan las contrataciones del Gobierno de Matas (2003-2007) con la empresa Over por un valor total de 3,5 millones de euros, trabajos que supuestamente estuvieron amañados o se justificaron con facturas falsas o infladas y que, según sospecha la Fiscalía, eran en realidad una manera de pagar a la empresa con dinero público sus labores para el PP balear.
En noviembre de 2005 se supo que el PSC (Partido de los Socialistas de Cataluña, asociado al PSOE) había conseguido que La Caixa le condonara el 45% de la deuda vencida que arrastraba desde 1994. En total, se trataba de 6,57 millones de euros perdonados. El resto (7,81 millones) fue renegociado, con un tipo de interés tres veces inferior al aplicable en 1994. El PP exigió al PSC que pagase la deuda, así como la dimisión de su líder, el entonces ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, quien declaró que no había "nada que ocultar", ya que no se había "negociado ni firmado crédito alguno".El Tribunal de Cuentas aseguró por su parte que el partido no había aportado "la documentación acreditativa correspondiente del acuerdo alcanzado con la entidad financiera a finales de 2004".
En el denominado "caso Filesa" se investigó la creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin, según estableció como probado la Judicatura, era la financiación ilegal del PSOE, para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989. La financiación ilegal consistía en inflar contratos públicos para recibir la comisión correspondiente. Muchos de los cargos, no obstante, fueron retirados porque en el momento en que se cometieron los hechos delictivos no existía el delito tipificado como financiación irregular de los partidos políticos. La investigación la llevó a cabo el juez Marino Barbero, magistrado del Tribunal Supremo. El 5 de mayo de 1995, el juez instructor dictó auto de conclusión del sumario contra 39 personas, imputadas por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, fiscal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita. Entre los implicados se encontraban el senador socialista y diputado autonómico Josep María Sala, el diputado del PSOE por Barcelona Carlos Navarro y el responsable de finanzas del partido, Guillermo Galeote. Además, fueron procesados los gestores de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, los empresarios Eugenio Marín y Francisco Molina, así como la secretaria de Finanzas del PSOE, Aida Álvarez y su marido, Miguel Molledo. De la investigación se desglosó posteriormente el llamado "Caso Ave". El juicio comenzó en 1997, con el número de acusados rebajado a doce (José María Sala , Carlos Navarro, Luis Oliveró, Alberto Flores, Aida Álvarez, Miguel Guillermo Molledo, Luis Sánchez Marcos, Francisco Javier Iglesias, Julio Calleja, Juan Antonio Molin, Eugenio García y Diego Ramos). Sala, condenado a tres años de prisión, cumplió solo dos de sentencia, al suspenderla el Tribunal Constitucional. Carlos Navarro y los responsables de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, fueron condenados por el Supremo a once años de prisión a cada uno, pero en diciembre de 2000 obtuvieron un indulto parcial, concedido por el Gobierno de José María Aznar, que redujo sus penas a la mitad. Los tres disfrutaban ya entonces del tercer grado penitenciario. El resto de los procesados pagaron multas y cumplieron penas menores.
El 28 de noviembre de 1989, la Policía intervino el teléfono de Rafael Palop (hermano del concejal del PP en el Ayuntamiento valenciano Salvador Palop) para perseguir a una organización de tráfico de cocaína. La investigación inicial, sin embargo, fue relegada, al detectarse en las conversaciones la existencia de comisiones destinadas al PP a cambio de licencias urbanísticas. Entre los imputados estuvieron Rosendo Naseiro (coordinador de Finanzas del PP), Ángel Sanchís (diputado de PP por Valencia) y Arturo Moreno (vicesecretario de PP). El "caso Naseiro" estalló poco después de la llegada al poder de José María Aznar, quien ordenó una investigación dentro de su partido y solicitó que se abriera una comisión de investigación en el Congreso, rechazada por los socialistas. Varios miembros del PP fueron expulsados.
En marzo de 1990 se destaparon una serie de irregularidades en la concesión de permisos de explotación de máquinas tragaperras que el Gobierno vasco, del PNV, habría cometido desde 1984 en la Dirección de Juego. El negocio ilegal, del que formaban parte numerosas empresas en las que trabajaban personas afines a este partido, generó unos beneficios superiores a los 10.000 millones de pesetas. El PNV acabó reconociendo, según el Tribunal Vasco de Cuentas, que en total existían 2.503 licencias ilegales de este tipo existentes en la comunidad. Sin embargo, varios empresarios del sector, que acusaron a PNV de haber recibido importantes cantidades de dinero a cambio de permisos irregulares, cifraron las mismas en casi 7.000.
El director financiero de Casinos-Inverama, Jaime Sentís, presentó en enero de 1990 una denuncia en el juzgado, en la que acusaba al presidente de la sociedad, Artur Suqué, de haber desviado más de 3.000 millones de pesetas de la empresa, 1.000 de los cuales fueron a financiar irregularmente a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Jordi Pujol.
El dinero del consorcio industrial alemán Flick (implicado en varias tramas de corrupción política en Alemania) contribuyó al desarrollo de formación de algunos sindicatos y partidos españoles, así como a la financiación de sus campañas, entre 1980 y 1985, cuando destacadas fundaciones alemanas entregaron en marcos el equivalente a unos 3.000 millones de pesetas.Según documentación publicada por la agencia Efe, la fundación Ebert (socialdemócrata) donó 1.230 millones de pesetas a PSOE, UGT.La ramificación española del caso salió a la luz cuando, en 1984, el diputado socialdemócrata alemán Peter Struck declaró en la prensa que otro diputado del mismo partido habría entregado un millón de marcos de la trama de corrupción a Felipe González, lo que provocó la célebre frase del entonces presidente del Gobierno español: "No he recibido ni un duro, ni una peseta, ni de Flick ni de Flock.
9.- Zamora
En los primeros meses de 1997 aparecieron informaciones en el diario El País sobre las denuncias que el constructor zamorano y militante del PP Eduardo Corrales había vertido sobre altos cargos de este partido, relativas al presunto cobro de comisiones, entre 1987 y 1991, por la antigua AP de Zamora a constructores de esa provincia. A la denuncia de Corrales se sumó la del también constructor Mariano Santarén, quien afirmó igualmente que a los constructores se les exigía el 8% de cada obra pública concedida. Corrales, por su parte, acusó al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, de haber cobrado comisiones durante su etapa al frente del PP autonómico y después de la comunidad castellano-leonesa, a cambio de la adjudicación de obras por la Diputación provincial. Según las acusaciones, los constructores César Martínez y Antonio San Gregorio entregaron a Aznar, en vísperas de los comicios autonómicos de 1987, dos talones bancarios por un total de tres millones de pesetas destinados a "ayudar" a la campaña electoral.
En 1990, la Caja de Ronda (actual Unicaja) declaró como fallidos diversos créditos (311 millones de pesetas) concedidos al PSOE y corrió a cargo de parte (un 40%) de los gastos de la campaña socialista para los comicios andaluces de 1986. El presidente de la entidad financiera era entonces Braulio Medel, que fue destinado a presidir la Confederación Española de Cajas de Ahorros mediante un eventual apoyo socialista. Por otro lado, se supo que Caja de Ronda había prestado al banco BEF durante seis meses seguidos un total de 12.500 millones de pesetas, suma de la que se cree extrajo la cantidad de 6.000 para el presidente cántabro Juan Hormaechea, cuando la línea crediticia de la caja con el banco era solo de 657 millones.
El PP gallego abrió un sumario a José Cuiña Crespo (secretario general del PP autonómico y consejero de Ordenación Territorial) el 3 de abril de 1992, tras acusarle el BNG de malversación, prevaricación y falsedad de documentos por su responsabilidad directa en contrataciones irregulares de obras (incumplimientos de trámites legales y enmiendas de facturas). El BNG afirmó que dos partidas presupuestarias de 971 millones de pesetas en total habían servido para pagar la campaña de Fraga a la Presidencia de la Xunta de 1989 y los gastos electorales de los comicios municipales de 1991.
12.- Ferraz
El 25 de mayo de 1993, el diario El Mundo publicó que Rafael Delgado, secretario particular de Alfonso Guerra, apareció asiduamente en Ferraz durante 1986 con bolsas de deporte "repletas de millones", según explicaron al periódico diversos empleados y exempleados de la citada sede socialista. El recuento, según las mismas fuentes, tenía lugar en el cuarto de la fotocopiadora de la quinta planta, justo encima de los despachos de Felipe González y Alfonso Guerra. Al parecer, el dinero era depositado después en una cuenta corriente abierta por el PSOE en la sucursal de Cajamadrid de la calle Barceló. El PSOE ingresó en 1986 más de 1.500 millones de pesetas, según constaba en los archivos de la entidad bancaria. El diario señaló que este partido ocultó al Tribunal de Cuentas en 1988 los ingresos de 1987 presuntamente ilegales (4.409 millones de pesetas), los cuales constaban en el balance como "ingresos varios", y declaró sólo 4.250 .
13.- Sellberg
Entre 1981 y 1983, la empresa Sellberg habría pagado comisiones al PSOE a cambio de la concesión de contratas municipales para la recogida de basuras en Madrid. Alonso Puerta (teniente de alcalde con Tierno Galván) fue expulsado de su cargo y del PSOE poco tiempo después de haberlo denunciado.
Esta casta de políticos españoles no hacen caso ni al Consejo de Europa ni a la Ángela Merkel ni a su tía.
Se financiaban irregularmente al principio de la Democracia,
durante todos estos años y en la actualidad.
¿Y me pregunto qué pasa con los
financiadores? ¿Qué es que son impunes ante la ley?
Detrás de un político
corrupto siempre hay una empresa que se beneficia.
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